La ausencia de inversión adicional podría limitar la capacidad de la Procuración General para abordar de manera efectiva la complejidad de los casos.
A partir de este lunes 10 de marzo entra en vigencia la reestructuración "low cost" de la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, medida que busca optimizar recursos ante la falta de presupuesto, y es impulsada por el procurador general, Julio Marcelo Conte Grand.
Este organismo que parece lejano o algo abstracto, tiene una importancia central en el día a día de la ciudadanía. La Procuración General tiene una Secretaría de Política Criminal que se encarga de elaborar proyectos de política criminal, es decir, de la lucha contra la inseguridad.
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Según la documentación oficial a la que accedió 0221.com.ar, la nueva estructura orgánica de la Procuración General “responde a la necesidad de adaptarse a la creciente complejidad de los asuntos que maneja el Ministerio Público”. Sin embargo, esta reestructuración se realiza sin aumentar significativamente el presupuesto, lo que plantea dudas sobre su efectividad y alcance.
La reestructuración tiene como objetivo principal establecer una organización interna con asignación especializada de funciones y áreas de responsabilidad. Se busca aprovechar al máximo las estructuras y personal existentes, así como los recursos materiales y avances tecnológicos, todo ello sin generar un mayor impacto presupuestario.
Esta medida refleja una estrategia de gestión que prioriza la eficiencia y la optimización de recursos en un contexto de restricciones presupuestarias. No obstante, la ausencia de inversión adicional podría limitar la capacidad de la Procuración General para abordar de manera efectiva la complejidad creciente de los casos que enfrenta.
La reestructuración incluye la creación de nuevas secretarías que buscan abordar áreas específicas dentro de la Procuración General:
Estas nuevas áreas reflejan un intento de modernización y adaptación a las demandas actuales del sistema judicial. Sin embargo, la efectividad de estas secretarías dependerá en gran medida de la disponibilidad de recursos y del apoyo institucional que reciban.
Además de las nuevas secretarías, se han establecido áreas que dependerán directamente del Procurador General:
Estas dependencias buscan fortalecer la gestión interna y asegurar una coordinación efectiva dentro de la Procuración General. No obstante, la centralización de estas áreas bajo la dirección directa del Procurador podría generar desafíos en términos de autonomía y eficiencia operativa.
Mientras se anuncia esta reestructuración, el ambicioso proyecto de la Policía Judicial parece haber quedado en el olvido. En 2019, Conte Grand prometió una fuerza que sería "mejor que el FBI, Scotland Yard y la Sûreté francesa" en un plazo de dos años. Sin embargo, a cinco años de esa declaración, no se han observado avances significativos en la implementación de dicha fuerza.
En 2020, se designaron "provisoriamente" a los detectives judiciales para todo el territorio provincial, quienes debían actuar en casos complejos o de gravedad institucional. Estas designaciones se realizaron sin un presupuesto adicional, utilizando instructores que ya estaban en funciones en distintas fiscales de la provincia. Esta medida fue vista como un intento de mostrar gestión sin incurrir en gastos adicionales, pero no cumplió con las expectativas de una Policía Judicial robusta y autónoma.
La reestructuración de la Procuración General de la provincia de Buenos Aires refleja una estrategia de gestión que busca adaptarse a las limitaciones presupuestarias actuales. Si bien la creación de nuevas secretarías y la asignación especializada de funciones pueden contribuir a una mayor eficiencia, la falta de inversión adicional y el estancamiento de proyectos clave como la Policía Judicial plantean interrogantes sobre la capacidad real de la Procuración para enfrentar los desafíos actuales del sistema judicial.
Es fundamental que las autoridades provinciales y el Procurador General reconsideren las prioridades y estrategias a seguir, garantizando que las medidas implementadas no solo sean eficientes en términos de costos, sino también efectivas en la mejora del servicio de justicia para la ciudadanía.
Varios fiscales de la provincia de Buenos Aires fueron consultados sobre este nuevo esquema de funcionamiento. Todos respondieron de manera muy crítica haciendo foco que este esquema no tiene asignación presupuestaria excepto para nombramientos, concentra lo tutelar, se llena de empleados y las fiscalías de investigación siguen sin recursos. En relación a la Policía Judicial coincidieron en que "tal como está, es más un estorbo que una ayuda, no sirve para nada".