Desde diciembre de 2023, la Provincia enfrenta un freno total en las obras públicas nacionales, lo que genera un impacto en su economía y en el nivel de empleo.
La paralización total de la obra pública nacional desde diciembre de 2023 golpea con fuerza a la economía bonaerense. La construcción es el sector más afectado, representando el 46% de los empleos perdidos. Rutas, escuelas, hospitales y viviendas quedaron en pausa, profundizando el impacto en territorio bonaerense.
Desde el inicio de 2024, la provincia de Buenos Aires perdió cerca de 50.000 puestos de trabajo privados registrados, según datos oficiales. La construcción encabeza la caída con el 46% de los empleos destruidos, seguida por la industria manufacturera (23%), la enseñanza (14%) y los servicios inmobiliarios (14%).
Provincia elevó a la Justicia Federal una demanda a obras sociales que deben millones de pesos a hospitales zonales e interzonales.
El ministro de Economía bonaerense, Pablo López, advirtió que la política económica nacional está perjudicando al sector productivo y señaló que la paralización de la obra pública es la principal causa de la crisis laboral.
Desde el Poder Ejecutivo bonaerense advierten que, en lo que va de 2024, la inversión en obra pública se redujo en $1,2 billones. Más de la mitad de este ajuste afecta directamente a la provincia de Buenos Aires: "De cada $100 recortados, $45 impactan en los bonaerenses", enfatizaron. Además, señalaron que las políticas económicas implementadas por el gobierno nacional tienen consecuencias devastadoras para la provincia, ya que afectan a la industria, la producción y el empleo. "La combinación de una política que favorece la importación con la pérdida de poder adquisitivo de los salarios está destruyendo el entramado productivo e industrial del país, en el que Buenos Aires cumple un rol clave", afirmó López.
El funcionario también alertó sobre la creciente crisis laboral: "Cada día se registran suspensiones, paralización de actividades y cierre de fábricas", advirtió. A esto se suma la paralización total de la obra pública, que ya dejó sin empleo a más de 50 mil bonaerenses, únicamente considerando el trabajo registrado.
En sintonía con este diagnóstico, el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Gustavo Weiss, advirtió en declaraciones a ese medio que la decisión del gobierno nacional de paralizar la obra pública representa un golpe severo para toda la industria. "Existen muchas empresas altamente especializadas en determinados tipos de obras que llevan meses prácticamente detenidas", explicó. Además, señaló que la obra pública representa, en promedio, el 25% de la inversión total en construcción, lo que ha derivado en la pérdida de 100 mil puestos de trabajo en todo el país.
Weiss también alertó sobre el deterioro de la infraestructura existente debido a la falta de inversión. "Al igual que en cualquier hogar, el mantenimiento es fundamental. Sin un cuidado adecuado de rutas, vías, hospitales y escuelas, podemos enfrentar problemas muy serios", subrayó. En esa línea, recordó que Argentina arrastra un déficit estructural en infraestructura que frena su desarrollo. "Para crecer, seguimos necesitando inversión", insistió. Y citó una frase de John F. Kennedy para ilustrar su punto: "No tenemos infraestructura porque somos un gran país; somos un gran país porque tenemos infraestructura".
El dirigente empresarial también aclaró que, si bien algunas provincias continúan invirtiendo en infraestructura con recursos propios, "el rol del Estado nacional sigue siendo clave en esta materia". En cuanto a la posibilidad de incentivar la inversión privada en el sector, destacó que se han realizado diversos estudios y propuestas, aunque reconoció que no todos los proyectos presentan las mismas oportunidades. "Probablemente haya más viabilidad en obras como rutas, donde el retorno de la inversión es más claro a través del uso. Sin embargo, en otros segmentos, la situación es mucho más compleja", concluyó.
En este contexto, Weiss destacó que para fomentar la participación del sector privado es fundamental atender diversos factores, siendo el ordenamiento macroeconómico el más relevante. "Sin duda, la clave es profundizar la reestructuración de la macroeconomía, un tema al que el gobierno nacional le está dando máxima prioridad y con el que coincidimos plenamente", afirmó.
También subrayó que la seguridad jurídica y el respeto por los contratos son elementos esenciales para atraer inversiones, tanto nacionales como extranjeras. "Los inversores no tomarán decisiones si estos aspectos no están resueltos", advirtió. Además, remarcó la importancia de cuestiones como los modelos de contratación, la ejecución de licitaciones, la estructura de los pliegos y las garantías, todos factores clave para generar confianza en el sector. En ese sentido, señaló que a nivel global, la inversión privada en infraestructura pública representa en promedio el 15%, lo que evidencia que los Estados siguen siendo los principales impulsores de estos proyectos.
En cuanto al impacto en el empleo, Weiss citó datos del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC), que indican que en diciembre de 2023 había 348 mil trabajadores directos en el sector. "Estadísticamente, se estima que por cada trabajador directo hay dos indirectos más. Si comparamos diciembre de 2023 con diciembre de 2024, se registró una caída del 17% en el empleo directo en la provincia de Buenos Aires", detalló.
Sobre la actualidad del sector, explicó que, aunque la actividad sigue en niveles bajos, no se ha registrado una nueva caída. "Desde hace varios meses, la construcción se encuentra en una meseta. No hay señales de recuperación, pero tampoco se profundizó la baja. De algún modo, podríamos decir que la caída se ha estabilizado en los valores que mencionábamos", sostuvo.
Por otro lado, el informe El sector de la Construcción en el primer año de Milei, elaborado por el Instituto Argentina Grande, reveló que hasta septiembre se perdieron 129.780 empleos registrados en el sector privado, de los cuales el 50% correspondieron a la construcción.
El estudio advierte que la destrucción de empleo en los dos primeros trimestres de 2024 es comparable a la crisis laboral de 2020, cuando la pandemia de coronavirus paralizó la actividad. Además, alerta sobre el alto porcentaje de empleo no registrado en el sector, lo que dificulta dimensionar el impacto real de la crisis.
También indica que, aunque la tasa de destrucción de empleo se desaceleró en los últimos meses, los puestos de trabajo perdidos no se recuperaron. Y pone de relieve que la pérdida de puestos de trabajo en la construcción no solo afecta a los trabajadores del sector, sino que también contribuye a una disminución en la masa salarial, que está un 19% por debajo de los valores de noviembre de 2023.
La ministra de Hábitat bonaerense, Silvina Batakis, advirtió que la paralización de obras no solo frena el desarrollo, sino que también agrava la crisis habitacional en la provincia. En declaraciones a Ámbito, denunció que "el gobierno nacional tiene abandonadas 16.147 viviendas en la provincia de Buenos Aires, algunas con un 90% de avance". Además, calificó el abandono de estos proyectos como "una crueldad absoluta" y subrayó que la interrupción de la construcción de estas 16 mil casas también tiene un fuerte impacto en el empleo.
"Se estima que en cada vivienda trabajan, de manera directa, al menos cuatro personas, sin contar el empleo indirecto que se genera en cada barrio a partir del sector de la construcción y el comercio", explicó. En este contexto, destacó la decisión del gobernador Axel Kicillof de continuar con la construcción de 8.000 viviendas en marcha, lo que permite preservar puestos de trabajo y responder a la necesidad habitacional de la población.
El impacto de la paralización de la obra pública también afecta a la infraestructura educativa. Según un informe de la Subsecretaría de Infraestructura Escolar, desde 2020 hasta la fecha, la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia logró inaugurar 237 nuevos edificios escolares, construir 1.200 aulas y ejecutar más de 7.500 obras de reparación y refacción edilicia. Sin embargo, en 2024, la falta de financiamiento nacional paralizó por completo los proyectos de infraestructura escolar que dependían de estos fondos.
Actualmente, 17 obras están en proceso de rescisión y 57 proyectos adicionales, financiados bajo un convenio tripartito entre Nación y municipios bonaerenses, permanecen totalmente detenidos. La deuda del Gobierno nacional con la provincia por estas construcciones supera los $1.800 millones.
Otro de los sectores afectados es la infraestructura vial, cuyo deterioro impacta tanto en la seguridad como en la producción regional. La falta de mantenimiento en las rutas nacionales no solo incrementa el riesgo de accidentes, sino que también dificulta la circulación de bienes y servicios esenciales.
El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, alertó sobre la drástica reducción de la inversión de Vialidad Nacional en Buenos Aires, que en 2024 cayó un 85,9%. Esto ha afectado 4.000 kilómetros de rutas nacionales y paralizado obras estratégicas como la Autopista Presidente Perón, la conversión en autopista de la Ruta 7 entre Carmen de Areco y Chacabuco, y la Autovía de la Ruta 3 entre Cañuelas y Azul, entre otras.
Katopodis, junto a varios intendentes, presentó recientemente una demanda judicial contra el Gobierno nacional debido a la falta de ejecución de fondos específicos para infraestructura. "Cada vez que cargás combustible en la estación de servicio, un tercio de eso va a una cuenta específica para el mantenimiento de las rutas. Sin embargo, el Gobierno nacional no transfirió en 2024 los $200.000 millones recaudados con el Impuesto a los Combustibles, ni utilizó $1 billón del Impuesto PAIS que deben estar destinados a obras de infraestructura", denunció el ministro.
También subrayó que "Javier Milei es el único presidente en 40 años de democracia que no hizo un solo kilómetro de ruta y paralizó todas las obras en ejecución". “Queremos que la justicia le ordene al Estado Nacional el reinicio urgente de todas estas obras porque lo que está en juego es la vida de la gente”, apuntó.
El ministro de Economía, Pablo López, reafirmó la importancia de la obra pública para el desarrollo de la provincia. "Desde el Gobierno bonaerense creemos que la construcción es una inversión clave, con un impacto multiplicador en toda la economía. No solo mejora la infraestructura pública y privada, sino que también es fundamental para el crecimiento de cualquier territorio", sostuvo. Y agregó: "Por eso, impulsamos esta política de manera sostenida desde hace cinco años. Como dijo nuestro gobernador, Axel Kicillof, no se trata de oponerse al mercado, sino de fortalecer un Estado que trabaje para reducir desigualdades".
A pesar de los recortes, la provincia mantiene en ejecución 1.200 obras con financiamiento propio, por un total de $3,5 billones. Estos proyectos abarcan la construcción de viviendas, hospitales, escuelas, cárceles, cloacas, rutas y autopistas. Entre las obras más importantes se destacan la edificación del Complejo Judicial en Olavarría, la construcción de 853 viviendas en Presidente Perón y la finalización de 332 viviendas en La Matanza. También se avanzó en la repavimentación de la Ruta Provincial N°41 y en la puesta en valor de la Ruta Provincial N°2.
Durante 2024, con recursos provinciales, se completaron varias intervenciones clave, como la puesta en valor de la Ruta Provincial N°2 (Tramo II), la duplicación de calzada y repavimentación de la Ruta N°58, la construcción de desagües pluviales en la Cuenca Parque Industrial Paso del Rey (Moreno), la reconstrucción de la calzada en la Ruta Provincial N°32 (Acceso Arroyo Dulce) y la primera etapa de la intervención integral en la Ruta Provincial N°6, en un tramo de 63 kilómetros.
En paralelo, el año pasado se iniciaron nuevos proyectos estratégicos, entre ellos la construcción de la Autovía en la Ruta Provincial N°11, entre Canal 5 y Mar Chiquita, y en Villa Gesell. También comenzaron la construcción de 292 viviendas en La Matanza y la instalación de estaciones transformadoras en Guaminí y Chivilcoy.
Además, en lo que va de 2024, la provincia lanzó 73 licitaciones por un total de $312.798 millones, reafirmando su compromiso con el desarrollo de infraestructura y la generación de empleo.