El gremio de los trabajadores estatales, ATE, convocó a un paro de 24 horas en contra del examen de idoneidad y para reiterar el reclamo de aumento salarial.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un paro nacional de 24 horas previsto para el próximo jueves 5 de diciembre, con el objetivo de reclamar mejores salarios y manifestarse en rechazo del examen de "idoneidad" que el Gobierno nacional tomará a empleados públicos.
La medida de fuerza incluye movilizaciones en rechazo al recorte salarial en las paritarias, y el rechazo a lo que los gremialistas denuncian como amenazas por parte del Ejecutivo manifestadas a través de diferentes ministerios. También repudiarán los exámenes de idoneidad en la administración pública.
Varios sindicatos relacionados a distintas actividades de trabajadores estatales apuntaron contra la gestión de Javier Milei y anunciaron medidas de fuerza.
El Gobierno dispuso que se inicien los trámites jubilatorios de aquellos empleados estatales que cumplan con los requisitos para acceder al sistema previsional.
Desde la organización gremial precisaron que “la tónica de violencia” desde la gestión libertaria incluye entre el caso de sanciones anunciadas por el Ministerio de Justicia de la Nación luego de los reclamos en el Registro de la Propiedad Automotor.
"Si los estatales no vamos a la huelga, estos tipos nos llevan puestos. Ya destruyeron nuestros salarios y ahora, con exámenes de idoneidad que son ilegales, pretenden seguir despidiéndonos. ¿Qué examen nos va a tomar esta gente sobre nuestro trabajo si no lo conocen? No tienen ni idea”, sostuvo el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar.
El paro fue ratificado en el Plenario Nacional de Delegados que se llevó a cabo en el Anfiteatro Eva Perón y que contó con la participación de dirigentes de todo el país. Se espera que el paro impacte en las actividades que se desarrollan en la provincia de Buenos Aires, como las clases en escuelas públicas y el trabajo en algunas dependencias estatales.
En ATE consideraron que la pérdida del poder adquisitivo de los estatales ya supera el 39% en lo que va del año. También expresaron su rechazo al Sistema de Evaluación Pública mediante el cual pretenden evaluar a trabajadores con 10, 15 y hasta 20 años de trayectoria en el Estado. Son más de 40.000 los contratados evaluados, excluyendo a quienes estén amparados en el cupo por discapacidad y cupo trans.
El sindicato además exige el cese de los despidos en el sector público, la reincorporación de todos los cesanteados, el freno al vaciamiento de los organismos públicos y de los intentos de privatizaciones de las empresas estatales mediante quiebras fraudulentas.
A principios de octubre, el gobierno anunció que se le tomará un examen de idoneidad a 40 mil empleados de la planta transitoria y con contratos para definir su continuidad o no dentro del Estado.
En el anuncio se indicó que la evaluación estandarizada se realizará de manera online y, en una primera instancia, las personas discapacitadas no participarán del examen debido a la inadaptabilidad de los sistemas.
En el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo del platense Federico Sturzenegger, aseguraron por su parte que aprobar la evaluación "va a ser un requisito necesario pero no suficiente" para continuar cumpliendo tareas en el Estado, "ya que después se definirá o no la renovación por los parámetros usuales si la persona merece la renovación del contrato".