El Gobierno de Javier Milei envió 300.000 cartas documento a ciudadanos de seis provincias beneficiarios de las pensiones por invalidez. Realizarán estudios.
El Ministerio de Salud de la Nación envió las primeras 300.000 cartas documento a beneficiarios de Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral (PNCIL) de Chaco, Buenos Aires, Tucumán, Mendoza, San Luis y Santa Fe. Este proceso forma parte de una auditoría masiva que abarca más de un millón de casos en todo el país.
La iniciativa tiene como objetivo asegurar que las pensiones se otorguen exclusivamente a quienes cumplen los requisitos legales, tras detectarse numerosas irregularidades en la asignación de estos beneficios.
El presidente Javier Milei echó de su cargo a Mariano de Los Heros, quien estaba al frente de Anses, y nombró a Fernando Bearzi en lugar.
El presidente Javier Milei habló sobre el acuerdo que se concretaría próximamente entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En esta primera etapa, los beneficiarios deben presentarse a una evaluación médica realizada por profesionales del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) y durante la cita tendrán que presentar la documentación requerida y someterse a los controles pertinentes.
Los resultados serán analizados por especialistas de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), quienes emitirán dictámenes para determinar si corresponde mantener el beneficio. La inasistencia a estas citaciones puede derivar en la suspensión de la pensión, salvo que los beneficiarios justifiquen su ausencia con al menos 24 horas de anticipación a través de un correo a [email protected] o por WhatsApp al chatbot TINA (+54 11 3910-1010).
De acuerdo con estimaciones oficiales, esta auditoría permitirá un ahorro aproximado de $900.000 millones en 2025. El proceso se desarrollará de manera progresiva y se espera que concluya en la primera mitad del año.
El foco está puesto en las pensiones otorgadas durante el gobierno de Alberto Fernández, ya que en auditorías previas se identificaron importantes irregularidades. De 22.417 pensiones revisadas en 2024, solo el 20% cumplía con los requisitos legales. Además, se descubrió que 150 personas fallecidas y 212 presos seguían cobrando este beneficio, mientras que 14 prófugos de la justicia fueron detenidos tras detectarse que percibían pensiones de forma irregular.
Una investigación sumaria realizada en enero de 2024 arrojó resultados preocupantes:
Estos datos refuerzan la necesidad de controles periódicos para garantizar que los fondos públicos lleguen únicamente a quienes realmente los necesitan.
Para implementar esta auditoría masiva, el Gobierno firmó acuerdos con ANDIS y PAMI, que incluyen servicios postales, evaluaciones clínicas y procedimientos administrativos destinados a dar de baja los beneficios otorgados de manera irregular.