El Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, denunció por sedición, asociación ilícita y atentado al orden constitucional a los organizadores de la marcha de apoyo a los jubilados. El Gobierno apunta contra referentes políticos, gremiales y barras por promover hechos de violencia frente al Congreso.
En la protesta realizada el miércoles pasado en las inmediaciones del Congreso, la Policía Federal Argentina, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y la Gendarmería Nacional reprimieron violentamente a los manifestantes, ocasionando la internación del fotógrafo Pablo Grillo, a quien le rompieron el cráneo; entre otros episodios repudiables que incluso quedaron filmados.
A horas de los incidentes y luego de la que la Justicia liberara a todos los manifestantes detenidos, el Ejecutivo nacional radicó una presentación en el Juzgado Federal N°11 que incluye acusaciones por los delitos de sedición, atentado contra el orden constitucional y la vida democrática y asociación ilícita agravada.
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Entre los principales señalados se encuentran el exlíder montonero Mario Firmenich, los intendentes Fernando Espinoza (La Matanza) y Federico Otermín (Lomas de Zamora) y grupos organizados que, según el Gobierno, promovieron disturbios con fines desestabilizadores.
La denuncia fue firmada por el abogado Fernando Soto, quien además cuestionó a la jueza Karina Andrade por liberar a la mayoría de los detenidos. La cartera evalúa denunciarla por prevaricato y violación de deberes de funcionario público ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
Según el escrito, la movilización fue organizada con consignas violentas y contó con la participación de barrabravas de clubes como Chacarita, Boca, River, Independiente, Racing, Estudiantes, Gimnasia y Argentinos Juniors, entre otros. También se mencionó que Firmenich convocó a la marcha desde un video grabado en España que se viralizó en redes. En el Ministerio afirmaron que los disturbios fueron perpetrados por "profesionales de la violencia" que habrían cobrado $50.000 para provocar incidentes, enfrentarse a la Policía y generar represión. Entre los implicados también se destacó a Leandro Capriotti, dirigente de Chacarita y supuesto allegado a Luis Barrionuevo, como principal organizador.
Represión en el Congreso.jpg
Más de un centenar de personas fueron detenidas durante la represión y ahora denunciadas por el Gobierno.
Los incidentes incluyeron agresiones con piedras, armas blancas y de fuego, además de incendios de objetos públicos, un ciclomotor y un patrullero. Más de una docena de efectivos resultaron heridos. A través de la línea 134, varios ciudadanos habrían reportado la presencia de barrabravas en la protesta.
En la denuncia se intentó justificar el accionar policial en el caso Grillo, asegurando que el proyectil fue disparado desde lejos, en medio de un cruce de proyectiles. Además, pese a que se viralizó un video donde una jubilada es golpeada por un policía, desde Seguridad argumentaron que la mujer había agredido primero al efectivo, quien reaccionó para defenderse. Para el Ministerio, la protesta tuvo como objetivo real "impedir el libre ejercicio de las facultades constitucionales del Poder Ejecutivo" y estuvo enmascarada como una manifestación social para "desestabilizar al Gobierno de Javier Milei".