La investigación judicial iniciada por la Municipalidad de La Plata tras la denuncia contra exfuncionarios y empresarios acusados de habilitar más de 400 barrios sin la convalidación provincial exigida por la Ley de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo, avanzó en las últimas horas tras la notificación de imputación de los denunciados. Pero pese al avance judicial y los sucesivos reclamos de la oposición y de los distintos sectores afectados, la Comuna sigue sin dar a conocer el listado de los desarrollos inmobiliarios.
En octubre de 2024, el Municipio , suspendió por 180 días las obras y trámites administrativos en más de 400 barrios en construcción. La medida se basó en la presunta detección de irregularidades, como la falta de convalidación provincial y posibles violaciones al Artículo 83 de la Ley 8912. Paralelamente, se presentó una denuncia judicial para investigar cómo se otorgaron estas habilitaciones.
En el marco de esa causa, en las últimas horas la titular del Juzgado de Garantías 5 de La Plata, María Inés Garmendia, aceptó el pedido de imputación realizado por el fiscal Juan Condomí Alcorta, que alcanza al exintendente Julio Garro, a María José Botta (exsecretaria de Planeamiento Urbano), a Marcelo Genoro (exdirector General de Obras Viales) y a Nahuel Paradela (exsubsecretario de Servicios Públicos). Pese a que en las últimas horas trascendió la información de que el domicilio del ex mandatario lcoal había sido allanado, fuentes del caso lo desmintieron a 0221.com.ar.
La medida también recayó sobre Ariel Bordigoni, de la empresa Bordigoni y Cía SRL; Facundo Dadin, titular de Sol Vial Construcciones; Cecilia Mayocchi y Leandro Arrechea de Agrycon.
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Pese a los sucesivos reclamos de la oposición, la Municipalidad de La Plata sigue sin dar a conocer el listado de los desarrollos inmobiliarios.
Con el avance de la investigación, comienzan a conocerse los nombres de los denunciados, al igual que los proyectos o empresas que llevaron adelante algunos de los barrios presuntamente irregulares ya que, hasta ahora, ni la Justicia ni el propio Municipio habían informado al respecto.
La denuncia
La causa se inició el año pasado, luego de medida dispuesta por el jefe comunal a través del Decreto N° 2.514/24, que suspendió la vigencia de 76 ordenanzas que fueron aprobadas por el Concejo Deliberante de La Plata a lo largo de una década, entre diciembre de 2013 y junio de 2023.
En el paquete de ordenanzas no sólo se incluyeron emprendimientos inmobiliarios sino también la construcción del Polo Electoral de La Plata y la fábrica de celdas de litio de la UNLP, como publicó 0221.com.ar.
La Comuna argumentó que había numerosas irregularidades -las cuales fueron denunciadas ante la Justicia- como "la ejecución de obras sin la debida convalidación provincial y violando al Artículo N° 83 de la Ley N° 8912 (Ley de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo)", lo cual conllevaría la tipificación penal del delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
