La Justicia investiga a exautoridades y empresarios de La Plata por autorizar desarrollos inmobiliarios, en el marco de la denuncia realizada por la actual gestión.
La investigación judicial iniciada por la Municipalidad de La Plata tras la denuncia contra exfuncionarios y empresarios acusados de habilitar más de 400 barrios sin la convalidación provincial exigida por la Ley de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo, avanzó en las últimas horas tras la notificación de imputación de los denunciados.
En octubre de 2024, el Municipio , suspendió por 180 días las obras y trámites administrativos en más de 400 barrios en construcción. La medida se basó en la presunta detección de irregularidades, como la falta de convalidación provincial y posibles violaciones al Artículo 83 de la Ley 8912. Paralelamente, se presentó una denuncia judicial para investigar cómo se otorgaron estas habilitaciones.
El intendente Julio Alak anunció que enviará al Concejo el nuevo Código de Ordenamiento Urbano y Territorial que incluirá un plan para resolver la situación.
En el marco de esa causa, en las últimas horas la titular del Juzgado de Garantías 5 de La Plata, María Inés Garmendia, aceptó el pedido de imputación realizado por el fiscal Juan Condomí Alcorta, que alcanza al exintendente Julio Garro, a María José Botta (exsecretaria de Planeamiento Urbano), a Marcelo Genoro (exdirector General de Obras Viales) y a Nahuel Paradela (exsubsecretario de Servicios Públicos).
La medida también recayó sobre Ariel Bordigoni, de la empresa Bordigoni y Cía SRL; Facundo Dadin, titular de Sol Vial Construcciones; Cecilia Mayocchi y Leandro Arrechea de Agrycon.
Con el avance de la investigación, comienzan a conocerse los nombres de los denunciados, al igual que los proyectos o empresas que llevaron adelanten algunos de los barrios presuntamente irregulares ya que, hasta ahora, ni la Justicia ni el propio Municipio habían informado al respecto.
Es que, pese a los sucesivos reclamos de la oposición y de los distintos sectores afectados, la Comuna nunca dio a conocer el listado de los desarrollos inmobiliarios que están siendo investigados por esas irregularidades, ni tampoco a sus supuestos responsables.
La causa se inició el año pasado, luego de medida dispuesta por el jefe comunal a través del Decreto N° 2.514/24, que suspendió la vigencia de 76 ordenanzas que fueron aprobadas por el Concejo Deliberante de La Plata a lo largo de una década, entre diciembre de 2013 y junio de 2023.
En el paquete de ordenanzas no sólo se incluyeron emprendimientos inmobiliarios sino también la construcción del Polo Electoral de La Plata y la fábrica de celdas de litio de la UNLP, como publicó 0221.com.ar.
La Comuna argumentó que había numerosas irregularidades -las cuales fueron denunciadas ante la Justicia- como "la ejecución de obras sin la debida convalidación provincial y violando al Artículo N° 83 de la Ley N° 8912 (Ley de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo)", lo cual conllevaría la tipificación penal del delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
A más de cuatro meses del decreto, cuyo alcance vencerá en abril, hasta ahora reinaba la incertidumbre en todos los sectores alcanzados por la suspensión debido a la falta de información oficial.