El exfuncionario municipal de La Plata quedó desvinculado de la causa que se inició en 2013 y generó un cimbronazo político. Mariano Bruera terminó desligado.
La Sala Segunda del Tribunal de Casación bonaerense absolvió a Mariano Bruera de la causa por la que fue condenado en primera instancia por el delito de "asociación ilícita" durante la gestión de su hermano Pablo Bruera como intendente de La Plata.
Con votos de los jueces Luis María Mancini y Mario Eduardo Kohan, la máxima instancia del fuero Penal provincial hizo lugar al planteo de la defensa de Bruera, a cargo del letrado Alejandro Montone, que atacó la figura de "asociación ilícita". Los magistrados hicieron lugar a ese planteo.
Esta resolución puede ser recurrida ante la Suprema Corte provincial, pero en caso de quedar firme dejará limpio el legajo de antecedentes penales de Bruera, quien tendrá el camino despejado para volver a la actividad política.
En la misma resolución se confirmó la condena al empresario Gustavo Orlandi por pagar un soborno y se ordenó que se realice un juicio de cesura para el exfuncionario Enrique Sette por los delitos de "exacciones ilegales y cohecho pasivo en concurso real". Casación ordenó una "nueva determinación de la pena conforme a la nueva condena que resulta de esta decisión", según se detalla en la resolución a la que accedió 0221.com.ar.
La defensa de Sette, a cargo de abogado Juan Di Nardo, analiza los pasos a seguir. En su libreta de apuntes figura la palabra "prescripción". El letrado entiende que el no estar presente la asociación ilícita los delitos enrostrados estaría prescriptos y, por lo tanto, correspondería la absolución del condenado en primera instancia.
La causa se inició por la denuncia del ingeniero agrónomo y empresario platense Guillermo Andreau en el año 2014. Según aseguró, los entonces funcionarios del Gobierno municipal le pidieron 220.000 dólares para rezonificar un terreno de su propiedad, para luego dividirlo en lotes y venderlo a beneficiarios del plan de viviendas Procrear.
De acuerdo con la investigación del fiscal Jorge Paolini, que derivó en una condena de primera instancia, los terrenos de Andreau eran considerados "reserva urbana" y, por lo tanto, se impedía el loteo en parcelas más pequeñas. Sin embargo, el Código de Ordenamiento Urbano (COU) redactado durante la gestión del exintendente Pablo Bruera contemplaba que las parcelas de más de una hectárea se podían dividir por decreto sin pasar por el Concejo Deliberante y fue en ese marco que el empresario recibió la propuesta de lotear sus terrenos a cambio de una importante suma de dinero.
Con la denuncia radicada, siguió los consejos del fiscal, quien le dijo "hablá por teléfono con todos" y así se obtuvieron las escuchas. En ese derrotero de relaciones para lograr que avance la investigación, lo fue a ver al exfuncionario Jorge Campanaro. Cuando le comentó la situación, escuchó lo que se imaginaba. Según declaró bajo promesa de decir la verdad, sostuvo que Campanaro le respondió: "Esto es una colaboración que hay que hacer, dejame ver que lo voy a hablar con Pablo", en relación al exintendente.
La sentencia fue unánime pero el voto fue redactado por el juez Claudio Bernard quien consideró que al momento de la denuncia de los hechos juzgados "existía una administración municipal corrupta enquistada en funcionarios públicos, con distintos roles y funciones que se dedicaban a cobros indebidos de sumas dinerarias para otorgar la rezonificación de terrenos".
Para el juez, "en esta organización delictiva se encontraban funcionarios de alto rango dentro de la escala jerárquica del municipio y operadores de menor jerarquía para lograr estos fines espurios".
En la resolución se deja en claro que existían dos ventanillas de cobros de sobornos: "Por un lado", la de Enrique Sette, Roberto Moreno, Raúl Moratti y Christian Ybarra, pero "por otro lado, la de (Jorge) Campanaro, que según sus aseveraciones tenía acceso directo e inmediato con el intendente Dr. Pablo Bruera".
El juez Bernard mostró su diferencia con la instrucción de la causa por entender que se investigó una sola de las ventanillas de cobros ilegales y lamentó que no se pidieran las intervenciones de los teléfonos de otros exfuncionarios como Jorge Campanaro.
"Considero que esta medida judicial, la cual no fue requerida por el Ministerio Público Fiscal, hubiese sido necesaria e imprescindible en la dilucidación del otro extremo ilícito reinante en la Municipalidad. En una investigación compleja y con un entramado en el cual existían funcionarios con distintos roles y funciones en una organización vertical y jerárquica destinada a cobrar sumas indebidas, no resulta lógico ni razonable, a mi criterio, intervenir teléfonos de empleados de menor rango y no adoptar igual criterio con los más altos funcionarios", sentenció el juez Bernard.