El proyecto contempla un nuevo Plan de Ordenamiento Territorial y un sistema administrativo para regularizar los loteos ilegales existentes.
La Municipalidad de La Plata elaboró un anteproyecto de ordenanza que propone una transformación profunda del modelo de desarrollo territorial en el distrito. A tres meses de haber presentado una denuncia penal por la existencia de más de 400 presuntos barrios ilegales, ahora el Ejecutivo local busca darle una respuesta a la expansión desordenada y urbanización informal en la ciudad.
La iniciativa, que fue desarrollada con financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y asistencia técnica de la Fundación CEPA, contempla la implementación de un nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y un programa específico para el Tratamiento Administrativo de Loteos Ilegales.
Las autoridades locales indicaron que se detectó la venta de terrenos en loteos ilegales y se alertó a los vecinos para que no caigan en estafas.
Desde la Municipalidad de La Plata anunciaron que preparan acciones contra los desarrolladores que comercializan loteos ilegales.
La noticia fue confirmada oficialmente este lunes en el portal del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, uno de los sectores que venía reclamando una pronta solución a la paralización de obras provocada por la denuncia comunal. Desde el Municipio, no obstante, aclararon a 0221.com.ar que se trata de un texto preliminar, que no incluye las sugerencias realizadas por el gobierno provincial y que todavía debe pasar por el filtro del Consejo de Ordenamiento Urbano Territorial (COUT), que se reuniría en las próximas horas.
El Plan de Ordenamiento Territorial (POT) propone una nueva zonificación que diferencia claramente entre áreas urbanas, periurbanas, rurales y zonas con riesgo de inundación. Entre sus metas figuran:
Consolidar centralidades urbanas con servicios y equipamientos.
Proteger áreas rurales productivas y humedales.
Optimizar el tránsito y la conectividad regional.
Regularizar situaciones dominiales a través de un Banco Municipal de Inmuebles.
Implementar mecanismos fiscales para promover el uso sostenible del suelo.
El anteproyecto propone la creación de un Banco Municipal de Inmuebles, que tendrá por finalidad administrar los inmuebles de dominio público y privado municipal para los objetivos de desarrollo urbano y territorial, y acceso justo al hábitat, y establece la conformación de un Fondo Municipal de Desarrollo Urbano y Territorial, que se integrará con las contribuciones obligatorias sobre valuaciones inmobiliarias, la adjudicación de inmuebles, las sanciones por infracciones y la contribución por valorizaciones inmobiliarias, en reemplazo del Tributo por Plusvalía Urbanística de la Ordenanza N° 12.621, entre otros recursos. Este fondo servirá para financiar obras de infraestructura, viviendas sociales y espacios públicos.
También se establece un estricto Régimen Disciplinario, que determina modalidades de fiscalización urbanística y territorial para verificar que se cumpla la normativa, así como los procedimientos de suspensión y legalización hasta que se subsanen los incumplimientos, y la clasificación de las infracciones, determinación de responsabilidades y definición de las penalidades para cada tipo de situación.
Uno de los ejes centrales del anteproyecto es el abordaje integral de los loteos ilegales, cuya proliferación se ha visto facilitada por la falta de control, la demora en la convalidación de ordenanzas provinciales y la especulación inmobiliaria.
El programa establece criterios técnicos y ambientales para evaluar la inclusión de los loteos en proceso de regularización, además de exigencias específicas como cesión de espacios públicos, estudios hidráulicos y proyectos de integración urbana. Asimismo, se endurecen las medidas contra nuevas urbanizaciones ilegales, con sanciones y mecanismos de fiscalización más estrictos.
Este punto obedece estrictamente a la necesidad del Ejecutivo de resolver la situación de los más de 400 barrios que fueron declarados ilegales el 10 de octubre del año pasado por el decreto 2514/24. Esta medida dispuesta por el intendente Julio Alak implicó la suspensión por 180 días de 76 ordenanzas que determinaron rezonificaciones en zonas de la periferia norte, oeste y sur de La Plata que fueron votadas por el Concejo Deliberante, pero no lograron la convalidación del gobierno provincial.
El anteproyecto fue elaborado junto con organismos provinciales como la Dirección Provincial de Ordenamiento Territorial, el Ministerio de Ambiente y la Autoridad del Agua. También cuenta con el respaldo técnico y financiero del Consejo Federal de Inversiones (CFI).
El Ejecutivo tiene previsto enviar este primer texto -serán dos ordenanzas en total- al Concejo Deliberante el próximo jueves en vista de que a mediados de este mes se cumplen los 180 días de suspensión que fijó el decreto 2514/24 que firmó Alak y urge entonces definir la situación de los más de 400 barrios.
Se estima que la ordenanza que se sancione tendrá una vigencia de 15 años, en consonancia con una visión estratégica de largo plazo para el desarrollo de La Plata. Reemplazará al actual Código de Ordenamiento Urbano (COU).