Lucas Lin se ahogó en la pileta de natación ubicada en el campo de deportes del colegio. La trama de muerte y negligencia que apagó la vida del pequeño.
El 5 de febrero de 2019, Lucas Lin, un nene de 5 años, caminaba junto a sus compañeros a la colonia de vacaciones del Colegio Lincoln en La Plata. Ese día, lo que debía ser una tarde de juegos y diversión terminó en tragedia: alrededor de las 15.30, murió ahogado.
Su cuerpo fue hallado en una pileta de grandes dimensiones del campo de deportes escolar, un espacio sin cámaras de monitoreo ni las medidas de seguridad adecuadas, según indican las primeras pruebas en el expediente judicial.
Este miércoles comenzará el juicio oral en la sede del fuero Penal local con ocho personas sentadas en el banquillo de los acusados, procesados por diversos delitos.
La fiscal de instrucción Cecilia Corfield, a cargo de la etapa de investigación, durante los días iniciales de la pesquisa confirmó que el menor estuvo entre 15 y 20 minutos sumergido en la pila antes de que alguien notara su ausencia.
Este largo intervalo sin supervisión ha sido uno de los puntos críticos en la investigación, especialmente por la falta de cámaras que podrían haber alertado a los responsables de la colonia.
Según testimonios de varios testigos, la pileta carecía de la soga indicadora que demarcara la zona donde la profundidad cambia, una medida de seguridad esencial en este tipo de instalaciones.
La versión de un policía y de una exempleada de la colonia dio cuenta de una situación alarmante respecto a la falta de recursos en el establecimiento. Ambos coincidieron en que el lugar no contaba con camillas para trasladar a los niños en caso de emergencia.
Este elemento básico de primeros auxiliares, que podría haber facilitado las tareas de reanimación, estaba ausente en un contexto donde su presencia resulta indispensable.
Según las declaraciones, Lucas fue transportado en brazos desde la pileta hasta una oficina del colegio, donde se intentaron tareas de reanimación sin éxito.
La conducta del personal hacia los padres del menor también ha sido cuestionada. Testigos describieron una "frialdad" notoria en el trato que recibieron los familiares, a quienes nadie se acercó para dar explicaciones o consuelo tras el fallecimiento del niño.
Además, la forma en que se manipuló el cuerpo de Lucas en el lugar generó inquietud en la fiscalía, ya que los peritos forenses recomiendan que la escena se mantenga intacta hasta la llegada de los expertos, algo que, se sospecha, no ocurrió en este caso.
Esta omisión podría haber alterado evidencias importantes y complicar la reconstrucción de los hechos.
Uno de los puntos más polémicos del caso es la actuación posterior de las autoridades del colegio, quienes, según una exempleada, convocaron al personal a una reunión con una psicóloga al día siguiente de la tragedia.
El objetivo declarado de la reunión era "liberar tensiones", pero en realidad el profesional habría intentado convencer a los empleados de que el establecimiento "no tenía nada que ver con lo sucedido".
Este tipo de declaraciones refuerza la sospecha de un posible intento de influir en los testimonios de los trabajadores. Además, varios empleados fueron presionados para que retomaran sus funciones sin oportunidad de procesar el duelo.
Otro obstáculo que enfrenta la investigación es la información incompleta y adulterada entregada por el Colegio Lincoln a la fiscalía.
En el listado de personal enviado a la fiscal Corfield, se encontraron datos desactualizados y hasta falsificados: direcciones antiguas y números de teléfonos incorrectos que dificultaron la notificación de los testigos y generaron demoras significativas en el avance del proceso.
La presentación de esta información alterada complicó el trabajo de la Justicia en un caso donde las fallas administrativas y de seguridad parecen acumularse.
A medida que avanzó el proceso judicial, la responsabilidad de las autoridades del Colegio Lincoln siguió bajo la lupa, en busca de determinar si hubo negligencia que contribuyó a la muerte de Lucas Lin y si existieron intentos deliberados por parte del establecimiento para desviar la investigación.
El debate oral y público estará que arranca este miércoles estará a cargo del Tribunal Oral Criminal (TOC) III de la capital provincial. Los acusados son Carolina Muro, Osvaldo Ramos, Marcos Echaniz y Rosana Costa, por el delito de "abandono de persona seguido de muerte" para la primera y "homicidio culposo" para los otros tres acusados. También incluye esa nómina a Martín Argüelles (coprocesado junto a Muro).
La acusación estará en manos de la fiscal Helena de la Cruz. Respecto al dueño del colegio, Rubén Monreal, los jueces de Casación, Daniel Carral y Ricardo Maidana, hicieron lugar parcialmente al planteo de los abogados del particular damnificado, quienes habían apelado los sobreseimientos dictados por la Cámara de Apelaciones, y ordenaron que esté sentado en el banquillo con una imputación por "homicidio culposo".
Por su parte, los exinspectores municipales Myriam Viviana Salinas y Diego De Luca, serán juzgados por incumplimiento de los deberes de funcionario público.