El 19 de marzo arranca un juicio por delitos conectados con la muerte de Johana Ramallo. ¿Quién es quién en una trama de trata de personas y narcomenudeo?
El Tribunal Oral Criminal Federal 2 de La Plata abrirá el juicio contra los acusados por delitos relacionados con la desaparición y muerte de Johana Ramallo. La audiencia comenzará el miércoles 19 de marzo y estará centrada en determinar la responsabilidad de ocho personas imputadas en el caso, quienes enfrentan cargos por explotación sexual, comercio de drogas y encubrimiento.
La joven desapareció el 26 de julio de 2017 y desde entonces la investigación se realizó en dos fueros distintos. Se volcaron importantes recursos humanos en la pesquisa, pero de la muerte de la joven madre se sabe poco o nada. Un tramo de la causa fue elevada a juicio mientras sigue la pesquisa sobre las circunstancias que acabaron con su vida.
La joven desapareció el 26 de julio de 2017 en La Plata. Parte de su cuerpo fue encontrado en la costa de Berisso. Una trama de desidia y puro dolor.
Carlos "Cabezón" Rodríguez es uno de los principales acusados y será juzgado por delitos de narcotráfico, explotación sexual, facilitación de la prostitución, encubrimiento agravado y falso testimonio. Hernán D'Uva Razzari, en tanto, está imputado por explotar sexualmente a su pareja, encubrimiento agravado y falso testimonio.
También serán juzgados Hernán Rubén García, Carlos Alberto Espinosa Linares y Mirko Alejandro Galarza Senio, quienes deberán responder por el comercio de estupefacientes y la explotación económica de la prostitución ajena.
El juicio también incluye a tres mujeres apodadas "Las Viejas": Celia Benítez, alias "La Negra" o "La Misionera"; Paola Erika Barraza, conocida como "Tormenta"; y Celia Giménez. Las tres fueron procesadas por explotación económica de la prostitución ajena.
Giménez es una figura conocida en el ámbito judicial, ya que fue testigo clave en el caso de Miguel Bru, el estudiante de periodismo desaparecido en 1993. En esta ocasión, su rol dentro de la estructura criminal está bajo la lupa.
Los fiscales sostienen que los imputados integraban una red que operaba en la Zona Roja de La Plata entre 2016 y 2017, captando y sometiendo a mujeres en situación de vulnerabilidad. En ese contexto, se investiga si la desaparición y muerte de Johana Ramallo estuvo vinculada a esta organización.
El 26 de julio de 2017 Johana Ramallo desapareció en La Plata. Según se determinó judicialmente de manera preliminar, la víctima desapareció en un contexto de trata de personas, prostitución y narcomenudeo. Parte de su cadáver mutilado fue hallado en agosto de 2018 en las costas de Berisso. La trama completa de este caso fue publicada en exclusivo por este medio en 2022.
En octubre de 2023 "fue elevada parcialmente a juicio por delitos de tráfico de drogas, explotación sexual y en algunos casos por encubrimiento del femicidio, ya que los sospechosos mintieron durante la instrucción judicial", recordaron fuentes judiciales ante la consulta de 0221.com.ar.
Según consta en el expediente, los ocho imputados que serán juzgados formaban parte de una organización criminal que operó en la Zona Roja de la capital bonaerense entre 2016 y 2017, en perjuicio de mujeres que ejercían la prostitución callejera, entre las que se encontraba Ramallo.
En el requerimiento de elevación a juicio, las fiscales dieron por acreditado que los miembros de la asociación ilícita consiguieron la disposición de las víctimas a partir del suministro de estupefacientes y el aprovechamiento de las condiciones de vulnerabilidad que presentaban.
En ese marco, un grupo de hombres conocidos como los "8/40", bajo la excusa de "cuidarlas", vigilaban y controlaban a las mujeres, a quienes captaban y recibían previamente, y luego les retenían el dinero obtenido mediante la prostitución, además de obtener un lucro con el comercio de droga. Mientras que el grupo de "Las Viejas" recorrían el territorio y les cobraban a las víctimas por las "paradas", luego de ejercer violencia e intimidarlas.
Por último, un tercer grupo proveía a las mujeres de estupefacientes, como método de control, ya que el aprovecharse de sus adicciones y de la generación de deudas por las drogas consumidas, luego las cobraban de las ganancias obtenidas por la situación de prostitución. A raíz de ello, era necesario para las víctimas permanecer en la zona para pagar las deudas contraídas, ya que requerían de un mayor consumo de estupefaciente para poder afrontar la actividad.
De acuerdo a los investigadores, la explotación sexual y la venta de drogas crearon el escenario propicio para que la joven desapareciera.