Comenzó el juicio oral a efectivos acusados de graves y variados delitos. Hay 85 testigos. Antecedente reciente en La Plata.
El Tribunal Oral Criminal (TOC) I de La Plata desarrollará el juicio oral para siete policías acusados de violencia institucional en una subcomisaría del interior de la provincia de Buenos Aires. Enfrentan cargos por varios delitos. La fiscalía buscará probar los hechos ante los jueces.
Durante el proceso oral, que estará a cargo del fiscal Juan Caniggia, se escucharán los testimonios de 85 personas, quienes aportarán detalles sobre las presuntas agresiones sufridas en la dependencia policial. La defensora oficial Ana Julia Cova representará a los acusados, quienes llegan a juicio en libertad. La instrucción estuvo a cargo de la fiscal Virginia Bravo, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7 de la capital provincial.
La máxima instancia del fuero penal bonaerense, con sede en La Plata, rechazó las apelaciones de los defensores. Todos los detalles de un caso estremecedor.
Se trata de un caso del año 2011 que, desde La Plata, conmocionó al país. Detalles asombrosos de un expediente que no deja de generar sorpresas.
Los imputados son Cecilia Soledad Ballerini, Jorge Edgardo Rodríguez, Rodolfo Morales, Lucas Vizgarra, Carlos Remuzzi, Emilce Ponce y Juan José Vicente Fernández. La fiscalía sostiene que incurrieron en distintos delitos, que incluyen sometimiento a severidades y vejaciones en concurso ideal con torturas, apremios ilegales, abuso sexual agravado, hurto agravado, contra detenidos y detenidas, quienes testificarán en el debate oral.
Según la investigación, los hechos ocurrieron en la subcomisaría de Domselaar, partido de San Vicente, donde los agentes habrían sometido a los internos a malos tratos y despojado de pertenencias personales. La acusación sostiene que las prácticas violentas fueron reiteradas y responden a un patrón de conducta institucionalizado.
El inicio de este juicio tiene un antecedente directo: el 27 de diciembre de 2024, nueve policías fueron condenados por la brutalidad ejercida en la misma comisaría durante una requisa. La jueza Belén Piccone impuso penas de hasta cinco años y medio de prisión a los involucrados en aquella causa, marcando un precedente en la lucha contra la violencia institucional.
En ese proceso, se probó que los agentes obligaron a los detenidos a desnudarse y los golpearon con palos y escudos. Uno de los testigos, Mario Andrés Bustos, relató que, pese a su discapacidad, le exigieron caminar sin su prótesis y le rompieron su dentadura postiza. Esta causa también fue investigada por la fiscal Virginia Bravo. Por su parte la fiscal de juicio Victoria Huergo sostuvo la acusación y logró las condenas.
En este nuevo juicio, los testimonios de las víctimas serán fundamentales para determinar la responsabilidad de los imputados. La fiscalía planea presentar pruebas médicas que acreditarían lesiones compatibles con maltratos físicos. También se incluirá el análisis de documentos que podrían demostrar irregularidades en el manejo de la seccional.
Los jueces evaluarán si las pruebas aportadas resultan suficientes para dictar una condena. Según fuentes judiciales, el proceso podría extenderse varios días debido a la cantidad de testigos citados a declarar.
El juicio a los siete policías de Berisso no solo busca determinar responsabilidades individuales, sino que también podría consolidar una jurisprudencia firme en casos de violencia institucional en la provincia de Buenos Aires.
Con el antecedente de la sentencia de diciembre, la fiscalía confía en lograr una nueva condena que refuerce la responsabilidad del Estado en la garantía de los derechos de las personas privadas de su libertad.