Ocho imputados por delitos de explotación sexual y narcotráfico enfrentan el juicio oral por el caso Johana Ramallo en los tribunales de La Plata.
Con múltiples cargos por explotación sexual y narcotráfico, ocho acusados enfrentan el juicio oral por delitos vinculados a la muerte de Johana Ramallo. La joven desapareció en 2017 y su cuerpo fue hallado un año después. La Justicia intenta esclarecer las responsabilidades de cada imputado en la red delictiva.
Durante la apertura del juicio se leyeron las elevaciones a juicio y las declaraciones indagatorias, en una jornada extensa ante una sala colmada de público. Aunque no hubo revelaciones nuevas, este paso resulta clave dentro del proceso judicial. Los acusados optaron por no declarar en esta instancia.
Marta, la mamá de Johana Ramallo, encabezó las actividades al cumplirse siete años de su desaparición. Fuerte discurso y suelta de globos en 8 y 50.
El expediente investiga una estructura delictiva que operaba en la Zona Roja de La Plata y que captaba mujeres vulnerables para explotarlas sexual y económicamente, valiéndose también del suministro de drogas. La causa no ha podido determinar aún cómo murió Johana ni quiénes serían los responsables materiales.
Entre los imputados, uno de los más importantes es Carlos "Cabezón" Rodríguez, acusado de liderar la organización criminal. Enfrenta cargos por narcotráfico, facilitación de la prostitución, encubrimiento y falso testimonio.
Hernán D’Uva Razzari, también está sentado en el banquillo, imputado por explotar sexualmente a su pareja, además de encubrimiento agravado.
A ellos se suman Hernán Rubén García, Carlos Alberto Espinosa Linares y Mirko Alejandro Galarza Senio, todos con cargos por comercio de estupefacientes y explotación de la prostitución. Estos tres formaban parte del grupo conocido como “8/40”, que controlaba el territorio y sometía a las víctimas.
En el banquillo también hay tres mujeres conocidas como “Las Viejas” —son Celia Benítez, Paola Erika Barraza y Celia Giménez—, quienes están acusadas de cobrar por “paradas” y ejercer violencia sobre otras mujeres. La Justicia sostiene que todas participaron activamente en la explotación y el sometimiento de víctimas.
Benítez, es apodada "La Negra" o "La Misionera"; Barraza, es también conocida como "Tormenta"; y Giménez es una figura conocida en el ámbito judicial, ya que fue testigo clave en el caso de Miguel Bru, el estudiante de periodismo desaparecido en 1993.
Según el expediente, la banda operaba dividida en facciones. Mientras unos vigilaban y retenían los ingresos de las mujeres, otras aplicaban métodos de intimidación. Un tercer grupo generaba dependencia mediante drogas, acumulando deudas imposibles de saldar si no era a través de la prostitución.
En medio del proceso, no deja de sorprender que no haya efectivos policiales involucrados en la causa, pese a tratarse de una zona urbana con fuerte presencia del delito. Este aspecto refuerza la percepción de impunidad y la falta de control estatal en el corazón de la capital provincial.
La querella sostiene que Johana fue víctima de femicidio, pero por ahora no hay pruebas científicas firmes que lo confirmen. Solo una declaración del entonces jefe de la morgue sugiere que los restos hallados en 2018, un año después de la desaparición de la joven, presentaban signos de desmembramiento humano, aunque no se explicaron los fundamentos de esa afirmación.
El tribunal que lleva adelante el juicio está integrado por los jueces Andrés Basso, Germán Castelli —quien lo preside— y Nelson Jarazo. La Fiscalía General N°2 está representada por Rodolfo Marcelo Molina, junto a las fiscales Brenda Brandwawnman Boffi y María Laura Ustarroz.
La próxima audiencia será presencial y se espera la declaración de Marta Ramallo, madre de Johana, quien participará acompañada por un psicólogo como parte de las medidas contra la revictimización. El resto del proceso se desarrollará de forma digital, con audiencias previstas para el 30 de mayo y el 13 de junio.