El exjuez de Casación de la provincia de Buenos Aires, Martín Ordoqui, seguirá detenido en una cárcel común a la espera del juicio oral en La Plata luego de que una jueza del Tribunal Oral Criminal IV de la capital bonaerense, con argumentos contundentes, rechazó el pedido de arresto domiciliario.
Ordoqui fue destituido, detenido y procesado en el marco de la megacausa conocida como “La banda del juez”. En su reciente resolución la jueza Carolina Crispiani ordenó que siga detenido en una instalación del Servicio Penitenciario Bonaerense.
El exjuez está procesado por varios delitos relacionados con tráfico de influencias, cohecho pasivo, asociación ilícita e incumplimiento de deberes de funcionario público. La magistrada, fundamentó su decisión en la gravedad de los cargos en contra del imputado y la posibilidad de que éste entorpezca la investigación o no se presente al juicio.
A pesar de que Ordoqui presenta problemas de salud mental, la jueza argumentó que la prisión preventiva intramuros no le impide recibir el tratamiento adecuado y que su estado actual no es suficiente para justificar su morigeración.
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Carolina Crispiani, jueza del Tribunal Oral Criminal IV de La Plata.
El rechazo de la solicitud de la defensa a cargo del abogado Alejandro Montone se basó en un análisis exhaustivo de la gravedad de los hechos que se le imputan, la existencia de peligros procesales y la falta de garantías suficientes para mitigarlos. A continuación, se detallan los fundamentos del rechazo:
Gravedad de los hechos
A Ordoqui se le imputan delitos graves como asociación ilícita, tráfico de influencias agravada y cohecho pasivo agravado.
Las características de los hechos, incluyendo la posición jerárquica de Ordoqui como Juez de Casación, sugieren una pena de cumplimiento efectivo. La pluralidad de participantes y la complejidad del caso también influyeron en la decisión.
Martín Ordoqui
Martín Ordoqui está detenido en una cárcel del complejo penitenciario de Lisandro Olmos.
Peligros procesales
En la causa, se identificaron peligros procesales de fuga y entorpecimiento de la investigación. La posibilidad de que Ordoqui, dada su experiencia y conexiones en el poder judicial, pudiera influir en testigos o eludir el proceso, se consideró también un riesgo real.
En ese marco, la visita del fiscal Álvaro Garganta a Ordoqui en prisión se interpretó como un indicio de posible entorpecimiento probatorio.
Falta de garantías suficientes
Si bien se reconocieron los síntomas de ansiedad y depresión de Ordoqui, se argumentó que estos son comunes entre las personas privadas de libertad y no justifican automáticamente una morigeración.
Se destacó que las cárceles cuentan con servicios de salud mental para atender a los detenidos.
En tanto que no se encontraron pruebas de que la prisión preventiva impidiera a Ordoqui recibir el tratamiento adecuado para su condición.
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Ordoqui junto a su defensor Alejandro Montone durante el juicio político en La Plata
Foto: AGLP
Plazo razonable
Se rechazó el argumento de que la prisión preventiva de Ordoqui había excedido el plazo razonable.
Se explicó que la complejidad del caso y la falta de un tribunal para el juicio, debido a la excusación de numerosos jueces, justificaban la duración del proceso.
En resumen, la jueza Carolina Crispiani consideró que la gravedad de los delitos, los peligros procesales y la falta de garantías suficientes para mitigarlos justificaban el rechazo de la solicitud de morigeración de la prisión preventiva de Martín Manuel Ordoqui.
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Betina Lacki la fiscal que destapó el escándalo de corrupción judicial en La Plata
“Absoluta gravedad institucional”
Sobre el final de su resolución la jueza Crispiani señaló sin vacilar: “Párrafo aparte me merecen las consideraciones efectuadas por el distinguido defensor en lo que respecta a la integración del Tribunal para el juzgamiento de las presentes actuaciones, ya que dicha circunstancia jamás podría adjudicarse o cargar sobre el imputado y no puedo dejar de señalar –mal que me pese- que la totalidad de los jueces de los cinco tribunales criminales del departamento judicial de La Plata, que han sido sorteados para intervenir en el presente proceso se han excusado, pasando lo propio con la gran mayoría de los jueces correccionales, circunstancia que resulta a mi entender de una absoluta gravedad institucional, la que deberá ser inmediatamente resuelta”.
El expediente
Ordoqui será juzgado en debate público. El exmagistrado está detenido en prisión preventiva procesado por cohecho pasivo (cobrar coimas), ocho casos de tráfico de influencias y asociación ilícita. El requerimiento de juicio oral fue impulsado por la fiscal Betina Lacki quien considera al exmagistrado como integrante de una banda delictiva. La defensa no se opuso al planteo y el juez de Garantías Guillermo Atencio dictó la elevación a juicio de la causa.
El exjuez de Casación está alojado en una cárcel del complejo penitenciario de Lisandro Olmos.
Jury a Martín Ordoqui
El jurado que destituyó al exjuez de Casación Martín Ordoqui.
Foto: AGLP
Jury en La Plata
Ordoqui fue destituido de su cargo el 5 de septiembre del año 2022 luego de un juicio político desarrollado en el edificio Anexo del Senado de la provincia de Buenos Aires. Esa misma tarde fue detenido en una vivienda de la localidad de City Bell y puesto a disposición de autoridades judiciales. Una comitiva policial llegó hasta su casa con una orden de allanamiento y detención.
El exjuez, quien también fue directivo en el club Estudiantes de La Plata, está acusado de integrar una asociación ilícita para dictar resoluciones en favor de personas privadas de su libertad a cambio de fuertes sumas de dinero. Según la investigación la banda la completaban su secretaria Eugenia Mercado, los abogados Ricardo y Julián Ducid, Alejandro Timorín y Enrique "Quique" Petrullo.
Se sospecha que el juez dictó arrestos domiciliarios para Ariel Heine (quien fue condenado a 14 años de prisión) y al platense Javier Ronco, condenado por un doble homicidio en La Plata y por integrar una megabanda criminal que contaba con protección policial y judicial. A cambio de esos beneficios procesales habría recibido fuertes sumas en dólares.