La Justicia ordenó a los municipios de Berisso y Ensenada y a la Provincia a presentar un Plan de Manejo Ambiental para las Islas Santiago y Paulino en 60 días.
El Juzgado Contencioso Administrativo Nº 2 de La Plata condenó a los municipios de Berisso y Ensenada y a la Provincia de Buenos Aires a confeccionar un Plan de Manejo Ambiental para la Isla Santiago e Isla Paulino en un plazo de 60 días. La resolución surge tras la acción iniciada por la ONG Nuevo Ambiente en defensa del Monte Ribereño.
La causa judicial expuso el incumplimiento de la Ley 12.756, que declara a las islas Santiago y Paulino como "Paisaje Protegido de Interés Provincial". Testigos y peritos ambientales alertaron sobre la degradación del ecosistema debido a rellenos ilegales, incendios y la falta de regulación. El fallo enfatiza la responsabilidad conjunta de los municipios y la Provincia en garantizar la protección del área.
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La resolución judicial marca un precedente en materia ambiental al obligar a las administraciones locales y provinciales a cumplir con su responsabilidad de proteger las islas. La falta de un Plan de Manejo por 23 años permitió la proliferación de actividades que afectan gravemente al hábitat natural, sin estudios de impacto ni regulaciones adecuadas.
Según el dictamen judicial, "la omisión de la elaboración y aprobación del Plan de Manejo genera un riesgo ambiental significativo". En base a los principios de precaución y prevención, la jueza María Ventura Martínez resolvió que los municipios deben coordinar con la Provincia la implementación del plan en el término de 60 días desde la firmeza del fallo.
La presentación de la ONG Nuevo Ambiente se basó en evidencias del deterioro ambiental en las islas. Se denunciaron movimientos de suelo ilegales, vertido de escombros y hormigón, y la pérdida de humedales costeros. Además, se registraron incendios que afectaron la biodiversidad de la zona, con sospechas de intencionalidad.
El expediente judicial señala que "la inacción estatal ha permitido la degradación de un área protegida, favoreciendo intereses privados por sobre la conservación del ambiente". Las pruebas presentadas incluyen registros fotográficos, informes de impacto ambiental y declaraciones de expertos en ecología y urbanismo.
El artículo 1 del fallo ordena a la Municipalidad de Berisso, la Municipalidad de Ensenada y la Provincia de Buenos Aires a "instrumentar los mecanismos adecuados a fin de confeccionar y aprobar un Plan de Manejo de dicha área". Dicho plan deberá cumplir con los requisitos del decreto reglamentario nº 2314, asegurando la protección del ecosistema y la regulación de actividades en las islas.
La resolución también subraya que los municipios "son los principales responsables de la administración del área" y deben trabajar en conjunto con la Provincia para garantizar su conservación. En caso de incumplimiento, podrían enfrentarse a sanciones y nuevas acciones judiciales.
Desde Nuevo Ambiente celebraron el fallo como "un avance histórico en la defensa del Monte Ribereño y las islas". Destacaron que, tras décadas de desidia estatal, la Justicia reconoció la urgencia de regular y preservar el área.
Este fallo de primera instancia, que no está firme y puede ser apelado, marca un punto de inflexión en la gestión ambiental de Berisso y Ensenada. En caso de confirmación de la sentencia, los municipios y la Provincia tienen la obligación de garantizar la protección de uno de los ecosistemas más importantes de la región, evitando que siga deteriorándose por la falta de control y regulación.