Cuatro abogados de La Plata denunciaron formalmente a Javier Milei, y otros funcionarios del Gobierno, por el cuerdo con el FMI.
Cuatro abogados de La Plata presentaron una denuncia penal contra el presidente Javier Milei; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva; y otros funcionarios nacionales. El juez Daniel Rafecas investigará el caso.
La presentación judicial solicita la nulidad absoluta del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 179/2025, al que acusan de violar la Constitución Nacional, leyes argentinas y principios de ética pública.
El Gobierno de Javier Milei publicó un DNU en el que detalla el acuerdo que se desarrollará. Será sin pagos por los próximos 4 años y medio.
El presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad dieron una conferencia en Expoagro y el mandatario convalidó el brutal operativo en el Congreso.
Según el escrito, el decreto habilita al Poder Ejecutivo a negociar deuda con el FMI sin intervención del Congreso, lo que contraviene el artículo 75 de la Constitución (incisos 4 y 7), que establece que sólo el Poder Legislativo puede aprobar empréstitos y decidir sobre el pago de deudas. También se denuncia la violación de la Ley N° 27.612 de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, que prohíbe expresamente contraer deuda con organismos internacionales sin aval legislativo.
Los abogados sostienen que no existe ninguna urgencia real que justifique el uso de un DNU, ya que las negociaciones con el FMI comenzaron en diciembre de 2024, y advierten que el aval posterior de una sola cámara del Congreso no subsana la ilegalidad del mecanismo.
Uno de los puntos clave de la denuncia es el rol de Federico Sturzenegger, quien además de ser ministro de Milei fue convocado por Kristalina Georgieva para integrar el Consejo Asesor sobre Emprendimiento y Crecimiento del FMI. Esto, según los denunciantes, lo pone en ambos lados de la mesa de negociación: como representante del Estado argentino y como asesor del organismo acreedor.
Para los abogados, esta doble función vulnera la Ley de Ética Pública N° 25.188, que exige evitar conflictos de intereses y priorizar el bien común. Además, citan el Código de Conducta del FMI, que también obliga a sus asesores a actuar con imparcialidad y evitar situaciones que comprometan al organismo.
La denuncia solicita que se investigue si Sturzenegger actuó en beneficio del FMI y en detrimento del país, lo que podría configurar delitos como abuso de autoridad, tráfico de influencias y falsedad ideológica.
Entre los delitos que se investigan figuran:
Los denunciantes incluso advierten que podría haber un plan sistemático para favorecer al FMI en perjuicio de la economía argentina, con eventuales desvíos de fondos, fuga de capitales y beneficios para sectores cercanos al oficialismo o grupos financieros internacionales. En ese sentido, también pidieron que se investigue al ministro de Economía, Luis Caputo.
Además de la denuncia en la justicia argentina, los abogados Ignacio Fernández Camillo, Adrián Rodríguez Antinao, Andrés Emanuel Noetzly y José Francisco Sánchez Peralta presentaron una queja formal ante el FMI. El documento, dirigido a Georgieva y al directorio ejecutivo del organismo, advierte sobre un conflicto de interés estructural entre el Fondo (como acreedor) y Argentina (como deudor), agravado por la presencia de Sturzenegger en ambos espacios.
Según la queja, el DNU permite tomar deuda sin especificar montos, plazos ni condiciones, violando tanto normas locales como principios de transparencia financiera internacional. También cuestionan la legitimidad del decreto aun si es aprobado por una sola cámara, porque no cumple con el criterio de necesidad y razonabilidad que exige la Constitución.
Los abogados solicitaron que, en caso de comprobarse las violaciones legales, se impongan sanciones al FMI como entidad, así como a Milei, Sturzenegger, Caputo y cualquier otro funcionario implicado.
Esta denuncia se suma a un complejo panorama judicial y político para el gobierno de Javier Milei, que ya enfrenta cuestionamientos por la legalidad de varios decretos y por el escándalo de las criptoestafas vinculadas a la moneda digital $Libra.
Mientras el Ejecutivo defiende el DNU como un instrumento clave para mantener la estabilidad financiera, los denunciantes lo consideran una maniobra para eludir controles democráticos y concentrar el poder de decisión sobre la deuda en un puñado de funcionarios con posibles intereses cruzados.