La denuncia es por presunto incumplimiento de sus deberes en la prevención y combate de los incendios forestales. Los nombres de los letrados de La Plata.
En medio de una crisis ambiental sin precedentes, cuatro abogados de La Plata presentaron una denuncia penal contra el presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, por varios presuntos delitos. La presentación ya tiene juez que analizará el planteo.
La acusación, radicada en el Juzgado Federal N°7 a cargo del juez Sebastián Casanello, sostiene que la inacción del Gobierno nacional ante los incendios podría no ser simplemente negligencia, sino una estrategia deliberada que favorece la especulación inmobiliaria y el cambio de uso del suelo en las zonas arrasadas por el fuego. Además, se cuestiona la falta de ejecución de los fondos asignados al Sistema Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), que pasaron a la órbita del Ministerio de Seguridad sin una efectiva implementación.
La Plata y la región atraviesan una ola de incendios forestales en 2025, con al menos una docena de focos registrados en espacios urbanos y rurales.
Con el incendio en la Reserva de Punta Lara todavía activo, se contabilizaron al menos 17 casos en todo enero en distintos puntos de la región.
Los letrados Ignacio Fernández Camillo, Adrián Rodríguez Antinao, Andrés Noetzly y Francisco Sánchez Peralta señalaron a los dos funcionarios nacionales de presunto incumplimiento de sus deberes en relación con los incendios forestales que afectan gravemente a la Patagonia y la provincia de Corrientes.
Uno de los principales ejes de la denuncia es el presupuesto destinado a la prevención y combate de incendios. Según el texto presentado ante la Justicia, el Gobierno argentino dispone de más de $33 mil millones para el SNMF en 2025, representando un aumento real del 46% respecto al año anterior; sin embargo los denunciantes sostienen que la ejecución de estos fondos ha sido prácticamente nula, limitándose a una escasa inversión por parte de la Administración de Parques Nacionales.
Los abogados platenses también alertaron sobre la posible existencia de intereses ocultos detrás de la falta de acción estatal. Sostienen que la desinversión y la ausencia de medidas efectivas podrían estar relacionadas con la intención de empresarios y sociedades offshore de adquirir tierras devastadas por el fuego a precios irrisorios. En ese sentido, solicitan que se levante el secreto financiero de personas y empresas vinculadas con operaciones inmobiliarias en la Patagonia.
Asimismo, advirtieron sobre la criminalización de comunidades indígenas y activistas ambientales, quienes en reiteradas oportunidades han sido señalados como responsables de los incendios sin pruebas concluyentes. Según los denunciantes, esta estrategia busca desviar la atención de los verdaderos beneficiarios de la destrucción ambiental.
La denuncia apunta a que el accionar del presidente Milei y la ministra Bullrich podría configurar varios delitos de acción pública. Entre ellos, se menciona el incumplimiento de los deberes de funcionario público, previsto en el artículo 248 del Código Penal, que sanciona a quienes "no ejecutaren las leyes cuyo cumplimiento les incumbiere".
Los abogados sostienen que el Ejecutivo ha realizado una "derogación de facto" de la Ley 26.815 de Manejo del Fuego, que obliga al Estado a destinar recursos para la prevención y combate de incendios. La falta de ejecución de fondos y la desarticulación del sistema de emergencias serían pruebas de ello.
Además, la denuncia plantea la posibilidad de que se configure el delito de traición a la patria. Según argumentan, la desinversión en políticas ambientales y la intención de modificar la legislación para permitir la venta de tierras quemadas podrían representar una entrega de los recursos naturales del país a intereses privados, en línea con la postura de Milei de reducir al mínimo la intervención del Estado.
Otro aspecto central del escrito judicial es el impacto de la crisis climática en la expansión de los incendios. Factores como sequías prolongadas, déficit de precipitaciones y temperaturas extremas han contribuido al agravamiento del problema, sin embargo los abogados denuncian que el presidente niega abiertamente el cambio climático lo que se traduce en una falta de políticas públicas acordes a la gravedad de la situación.
Con la denuncia ya radicada en el fuero federal, resta conocer qué pasos tomará la Justicia. Los abogados piden una investigación exhaustiva que incluya el análisis de la ejecución presupuestaria del SNMF, el levantamiento del secreto financiero de empresarios con intereses en zonas afectadas y la determinación de la responsabilidad penal de los funcionarios denunciados.
Mientras tanto, los incendios continúan arrasando miles de hectáreas en distintas provincias argentinas, dejando a su paso un daño ambiental irreparable. La respuesta del gobierno nacional y el accionar de la justicia serán clave para determinar si detrás de la inacción oficial hay algo más que simple negligencia.